El año pasado, El Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, introdujo importantes modificaciones en el ámbito tributario para consolidar las finanzas públicas. En otras palabras, se preveía evitar que el déficit público superara los máximos establecidos por Bruselas. Recordemos que el año 2016 el objetivo nominal era de un déficit público 4,6% y en 2017 será de un 3,1%. La ley introdujo importantes modificaciones que suponían de facto una subida del Impuesto de Sociedades con efectos para los períodos impositivos a partir de 2016. Con esto, el ejecutivo pretendía recaudar 4650 millones, que sumados a los 150 millones de la subida del alcohol (5%) y el tabaco (entre 2,5% y 6,8%), harían un total de 4800 millones. La subida de las bebidas azucaradas, también prevista, se dejó en suspenso en los Presupuestos Generales. Solo se aplicará si hay desviación del objetivo de déficit de este año.

A continuación, te contamos los cambios más importantes que introdujo este Decreto Ley, y que supondrán una subida del Impuesto de Sociedades a presentar este año.

Subida del tipo mínimo del pago fraccionado

En primer lugar, el Real Decreto amplió al 23% el tipo mínimo del pago fraccionado de Abril, Octubre y Diciembre, para empresas con volumen de facturación superior a 10 millones de euros.

Cuando la empresa tiene además un tipo de gravamen incrementado del 30% en el Impuesto de Sociedades, el pago fraccionado mínimo es del 25%. En estos casos hablamos normalmente de entidades de crédito y las que se dediquen a la explotación de yacimientos de hidrocarburos.

Limitación de compensación de bases imponibles negativas

En el caso de las grandes empresas, el Decreto Ley limitó la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Se pretendía con esto que, cuando existen bases imponibles positivas, la aplicación de créditos fiscales no redujera en exceso el importe a pagar. Así, se limitó la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para grandes empresas en los siguientes porcentajes: (Porcentajes aplicados sobre la base imponible previa a la reducción por reserva de capitalización)

• Empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 60 millones de euros, el 25%.
• Empresas con importe neto de la cifra de negocios entre 20 y 60 millones, el 50%.
• Las entidades con importe neto de la cifra de negocios (INCN) inferior a 20 millones, el 60%. En todo caso se podrá compensar en el periodo impositivo bases imponibles negativas por un mínimo de un millón de euros. En 2017 se prevé que el límite sea del 70% para este grupo, según la Agencia Tributaria.

También se estableció un nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición generadas o pendientes de compensar, que se cifró en el 50% de la cuota íntegra.

Reducción de las cantidades fiscalmente deducibles

Hasta 2013, se podían deducir las pérdidas de valor por deterioro de la cartera. Sin embargo,el derecho a deducción se perdió con la Ley 16/2013 de 29 de octubre. Además de ello, el Decreto Ley fijó que la cantidad deducida antes de 2013 debe compensarse por el incremento de fondos propios de la participada o recuperación del valor contable.

En caso de que esta compensación sea suficiente, ahí queda la cosa. Si no, deberá fraccionarse en el impuesto de 2016, y los cuatro siguientes, hasta alcanzar el total de lo deducido.

Es decir, no solo se ha perdido el derecho a deducción, sino que lo deducido anteriormente incrementará la base imponible de 2016 y los ejercicios siguientes hasta 2020.

Se estableció también, a partir de 2017, la no deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades. Se trataba de no permitir más deducciones cuando las participaciones que ya tenían derecho a exención en las rentas positivas obtenidas. Es decir, exenciones por dividendos o plusvalías generadas en la transmisión de participaciones.

Quedó excluida también de la deducción cualquier tipo de pérdida generada por la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen una tributación adecuada (tipo mínimo del 10%).

La subida del Impuesto de Sociedades

En definitiva, las deducciones bajan, las exenciones desaparecen y suben los tipos de gravamen de determinados artículos. Aunque la mayoría de las nuevas normas del Impuesto de Sociedades afectan a las grandes empresas, algunas de ellas también podrían llegar a las PYMES. Debido a que las deducciones y compensaciones son menores, y que suben los tipos mínimos de los pagos fraccionados, se produce una clara subida del Impuesto de Sociedades en la declaración de este año.

La Unión Europea a través la Comisión Europea ha propuesto una nueva normativa que impedirá el fraude fiscal del IVA en las entregas intracomunitarias, también llamado fraude carrusel. La propuesta de modificación de la Directiva 2006/112/CE fue publicada el 21/12/2016. La normativa está en su fase final, en estudio por parte del ECOFIN (Organismo que reúne a los ministros de Economía de los Estados miembros). La ley permitirá la utilización de un instrumento para combatir el fraude carrusel. Los Estados miembros podrán aplicar este sistema como lucha contra el fraude hasta el 30 de junio de 2022

El motivo de esta normativa es que los servicios técnicos de Bruselas han detectado un fraude fiscal intracomunitario de 50.000 millones de euros mediante sociedades pantalla. Han optado por invertir la carga de la prueba en el caso de las entregas superiores a 10.000 euros. Es decir, se podrá disponer que el deudor del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios por encima de un umbral de 10.000 euros por factura.

Normalmente, la empresa que entrega el bien está exenta de IVA en estas operaciones, por lo que es el último comprador de la mercancía el que finalmente está obligado a pagarlo. Ahora bien, una vez la factura está en su poder, el comprador final se puede deducir el IVA. Muchas compañías utilizan el fraude carrusel (ver sección SABER MÁS), que consiste en interponer sociedades pantalla cuya única finalidad es no abonar a las autoridades tributarias el IVA percibido del cliente. Además, los mismos bienes pueden ser incluidos de nuevo en varias entregas intracomunitarias de bienes exentas.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que regula los derechos básicos de los consumidores en aspectos concretos del comercio electrónico (venta a distancia), se ha modificado mejorando la protección de los usuarios en todas las transacciones a distancia.

El texto refundido establece que cualquier tienda online deberá introducir cambios en sus textos legales y a nivel técnico para adaptarse a las principales modificaciones derivadas del nuevo marco legal que atañen el comercio electrónico entre las que encontramos las siguientes:

• Ampliación del plazo de devolución: el plazo obligatorio de devolución se amplía de 7 a 14 días naturales, y en caso de que no se informe al consumidor de este derecho, hasta los 12 meses. También deberá ser informado sobre quien asume los costes de las devoluciones.

• Botón de pago: en el momento que el consumidor efectúe un pedido, el e-Commerce debe indicarle claramente que el hacerlo conlleva una obligación de pago, por lo que los botones de pedido tienen que llamarse “Comprar”, “Realizar compra” o descripciones similares

• Consentimiento expreso ante pagos adicionales: antes de finalizar la compra la tienda online está obligada a obtener el consentimiento expreso del consumidor para cualquier pago adicional.

• Medios de pago: la nueva ley obliga a informar claramente sobre los costes que conllevan las diferentes modalidades de pago en caso de haberlos, y sólo permite cobrar el coste real que el e-Commerce soporte por ellos.

• Confirmación obligatoria de pedidos: el e-Commerce está obligado a enviar al consumidor la confirmación del pedido en un soporte duradero (un email, por ejemplo)

• Otras informaciones: obligación de informar desde el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas o el modo de calcularlos, hasta las modalidades de pago aceptadas pasando por el plazo de entrega.

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